Pleno del Observatorio Municipal contra la Violencia de Género. 21/09/2020

Datos ofrecidos por D. Gabriel Solano, responsable de Violencia de Género de la subdelegación del Gobierno en Sevilla: “A día de hoy existe un total de 1234 casos activos de Violencia de Género, de los cuales 438 están siendo gestionados por la Policía Local y 786 por la Ufam de la Policía Nacional

Asamblea Extraordinaria del Consejo Andaluz de Trabajo Social. 16.09.2020

El Sistema de la Dependencia continua en retroceso

Autor: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

En la estadística de este mes TODOS los indicadores del Sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año.
Se imponen medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 384.149 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.
La reducción de la lista de espera en 35.277 en este año, se produce por el fallecimiento de las personas dependientes. Ni siquiera se mantiene la tasa de reposición, y a este ritmo en cuatro años habrá desaparecido el limbo de la dependencia no por haber sido atendidos, sino por haber muerto esperando la prestación o servicio al que tenían derecho.  

Según los datos publicados recientemente por el Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando 46.936 solicitudes menos, 37.315 valoraciones menos, 38.668 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y 3.391 beneficiarios menos con prestación.  

La lista de espera asciende a 384.149 personas (234.577 que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y están a la espera de recibirlo, y 149.572 solicitantes a la espera de valoración). Desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios (descienden en 3.391). La lista de espera se reduce debido exclusivamente a los más de 35.000 fallecidos en lo que va de año que murieron sin recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho o sin ni siquiera haber sido valorados.  

Analizando las cifras por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es la que más ha disminuido, con una variación acumulada de -9%, con 14.999 residentes menos que a principio de año. En la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2%, con 4.238 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 5 puntos porcentuales con 4.770 prestaciones menos que a principio de año.  Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan más de 10.000 puestos de trabajo. 

Las Comunidades que mayor retroceso han tenido en este año han sido la Comunidad de Madrid con -8.569 beneficiarios menos que a principios de año, y Cataluña con -6.308 beneficiarios menos y las que mayor incremento de beneficiarios han realizado han sido la Comunidad Valenciana con +9.334 beneficiarios nuevos y Asturias con 2.064. 

Todas las nuevas cifras en su conjunto, ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. 

El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (sin esperar a los PGE) cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017). De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo).  

Además, es imprescindible que el ministro impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.  

Esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y  permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de nuevos procedimientos.  

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia. 

Nadie entendería que en plena crisis sanitaria se recortase en sanidad y se despidieran a los médicos, de la misma manera es inexplicable que en plena crisis social, se mantengan los recortes en dependencia, no se haya incrementado ni un solo euro ex novó para atender a las casi 400.000 personas que están en lista de espera y más cruel es todavía no ocupar las 15.000 camas libres que se han quedado por fallecimientos en las residencias.  

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail directoressociales@hotmail.com   

Salud y cuidarse. José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la ADYGSS. 

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El gasto social autonómico 2019 es inferior al de 2018 y todavía no se ha recuperado el nivel de 2009

Autor: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

No mejora el gasto en servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). La ausencia de presupuestos estatales y el continuo aumento de la cantidad del presupuesto que se destina a pagar la deuda en los presupuestos autonómicos, lastra a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos esenciales. 

Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron especialmente drásticos en 2013, condujeron a que en ese año 2013 se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el 2018 se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas llegando a los 116.860 millones de euros en el presupuesto liquidado de 2018. Sin embargo, la tendencia se ha roto en el presupuesto definitivo de 2019 que ha caído un 0,1% respecto al gasto 2018.  

La recuperación del gasto en políticas sociales es aún deficitaria, tras 10 años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5M€) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7M). La ausencia de presupuestos generales del estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro.  

Los servicios públicos esenciales en precario para abordar la crisis social y sanitaria del COVID-19 

La crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 ha redundado en la demostración de la importancia de la inversión en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, hemos podido observar la evidencia de que éstos corrían el riesgo, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos nos encontramos que no ha sido así y con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la crisis anterior. 

En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política. 

Nosotros seguimos, inasequibles al desaliento, por imperativo ciudadano, desde la ética profesional … y porque nos sale del alma. 

Salud y cuidarse. José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la ADYGSS. 

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